Santo Domingo.- El Poder Ejecutivo instruyó a las instituciones públicas a dirigir exclusivamente a las micro, pequeñas y medianas industrias (Mipymes industriales) los procedimientos de contratación pública destinados a programas sociales, alivio a la pobreza, alimentación, vestimenta, insumos escolares y salubridad.
La medida, dispuesta por el presidente Luis Abinader, se enmarca en las directrices de la Ley de Contrataciones Públicas y su reglamento de aplicación, contenido en el decreto 52-26, con el objetivo de fortalecer el desarrollo económico nacional, fomentar la producción local y dinamizar la generación de empleos.
Con esta disposición, la administración reafirma su compromiso con el tejido productivo nacional, promoviendo la inclusión social, la sostenibilidad medioambiental y la transparencia en la gestión de los recursos del Estado.
Las compras públicas vinculadas a programas especiales de asistencia deberán destinarse a adquirir bienes y servicios de origen y manufactura dominicana, garantizando que no exista intermediación no autorizada.
La disposición aplica a entidades clave como el Ministerio de Educación (Minerd), el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), el Servicio Nacional de Salud (SNS), el Gabinete de Políticas Sociales (programa Supérate), el Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese-Cal), y los ministerios de Defensa y de la Vivienda y Edificaciones (Mived), entre otras dependencias enfocadas en la protección social y sectorial.
Para participar, las empresas deberán contar con su respectivo Registro Industrial emitido por el Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria), la certificación Mipymes o Mipymes Mujer otorgada por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), y estar debidamente inscritas en el Registro de Proveedores del Estado (RPE).
El decreto también dispone la creación de la Mesa de Articulación Interinstitucional entre el MICM y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), encargada de dar seguimiento, coordinar la oferta productiva y asegurar el cumplimiento de la normativa.
MODERNIZACIÓN Y PLAZOS DE IMPLEMENTACIÓN
Asimismo, establece un plazo no mayor de cuatro meses para que el MICM ejecute un levantamiento exhaustivo de los bienes y servicios ofertados por el sector industrial local e instruye a Proindustria a modernizar y digitalizar el Registro Industrial para garantizar la trazabilidad de la oferta nacional y su interoperabilidad con el sistema de compras públicas.
