SANTO DOMINGO.- La titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Fuerza del Pueblo (FP), Josefina Reynoso, denunció que el Ministerio de Interior y Policía (MIP) ha tramitado solicitudes de contratación de publicidad institucional por RD$104,948,600, mientras la población enfrenta el temor generado por los atracos, robos y otros hechos delictivos.
Reynoso explicó que fueron examinadas 19 solicitudes de contratación correspondientes al período comprendido entre diciembre de 2025 y noviembre de 2026, destinadas a servicios publicitarios.
GASTOS PUBLICITARIOS Y TRANSPARENCIA
“Mientras la ciudadanía reclama seguridad, el Gobierno destina millones a promover su imagen. La delincuencia no se combate con publicidad ni la tranquilidad se recupera con propaganda”, expresó.
La dirigente señaló que el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) de 2026, publicado en la página web del MIP, contempla RD$27,549,300 para publicidad mediante procedimientos de excepción, cifra que contrasta con el monto total de las solicitudes analizadas.
Advirtió que el uso de esta modalidad genera interrogantes sobre la transparencia, los criterios de selección de los medios y la rendición de cuentas.
En ese sentido, exigió publicar los contratos, los medios beneficiados, los criterios de selección, las adjudicaciones y los pagos realizados.
CUESTIONA PRIORIDADES DEL GOBIERNO
Reynoso cuestionó que se destinen esos recursos a publicidad mientras destacamentos policiales necesitan reparaciones, los agentes requieren mejores equipos y numerosas comunidades demandan mayor protección.
“¿Cuántos destacamentos pudieron repararse con ese dinero? ¿Cuántos equipos pudieron adquirirse? ¿Cuántas comunidades pudieron beneficiarse de programas de prevención?”, preguntó.
Asimismo, sostuvo que los recursos públicos deben priorizar el fortalecimiento de la prevención del delito, la investigación criminal y la capacidad operativa de la Policía Nacional.
“La seguridad no puede administrarse como una campaña de relaciones públicas. Un anuncio publicitario no impide un atraco, no esclarece un homicidio ni devuelve la tranquilidad a una familia”, manifestó.
Finalmente, reiteró que el Gobierno debe rendir cuentas sobre el uso de los fondos públicos y garantizar que las inversiones respondan a las necesidades de seguridad de la población.
“La seguridad no se compra con publicidad ni se garantiza con propaganda. La seguridad no se explica, se garantiza”, concluyó.
