Santo Domingo.– Los abogados Juárez Castillo Semán, Pelegrín Castillo Arbaje y Carmen Orozco Martínez depositaron una instancia ante el Senado y la Cámara de Diputados mediante la cual se oponen a una propuesta presentada el pasado 13 de julio por abogados, periodistas y comunicadores para modificar los artículos 110 y 111 del Código Penal e incluir las denominadas tres causales del aborto.
Sostienen que resulta improcedente reabrir un debate que fue cerrado por el Congreso Nacional durante la aprobación del nuevo Código Penal el año pasado.
Argumentan que las cámaras legislativas rechazaron incluir las tres causales para preservar lo establecido en el artículo 37 de la Constitución, que protege el derecho a la vida, decisión que posteriormente fue promulgada por el Poder Ejecutivo.
Consideraron contradictoria la nueva iniciativa cuando varios de sus promotores respaldan simultáneamente una acción directa de inconstitucionalidad interpuesta ante el Tribunal Constitucional contra los mismos artículos 110 y 111, presentada el 30 de marzo de 2026.
Castillo Semán, Castillo Arbaje y Orozco Martínez indicaron que representan ante el Tribunal Constitucional a diversas entidades y ciudadanos que se oponen a dicha acción, entre ellas la Arquidiócesis de Santo Domingo, el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE), la Mesa del Diálogo, Juventud con una Misión (JUCUM), RD Inclusiva, Inc., ProNación, así como a Mercedes Núñez y Anny Esther Burgos.
Según los firmantes, la acción judicial busca en realidad cuestionar el alcance del artículo 37 de la Constitución, por lo que consideran que pretende desconocer una disposición fundamental de la Carta Magna.
También recordaron que tanto el Congreso Nacional como el Poder Ejecutivo, a través de la Procuraduría General de la República, han presentado argumentos en defensa de la constitucionalidad de los artículos impugnados.
En ese sentido, solicitaron formalmente al Senado y a la Cámara de Diputados rechazar de manera definitiva la referida propuesta y cualquier otra iniciativa relacionada con las tres causales, al considerar que se trata de un tema ya decidido por el Poder Legislativo y excluido de las reformas puntuales al Código Penal actualmente planteadas por el Poder Ejecutivo.
