La Habana (EFE).- Una profunda crisis económica y energética, protestas diarias por la falta de corriente y comida, y el aumento del número de presos por motivos políticos marcan este sábado el quinto aniversario del multitudinario estallido social del 11 de julio de 2021 (11J) en Cuba.
El aniversario llega cuando se cumplen además seis meses del aumento de la presión de Washington, con un bloqueo petrolero -que ha paralizado la isla y deteriorado enormemente las ya precarias condiciones de vida- y nuevas sanciones, que ahuyentan a empresas extranjeras.
Sólo esta semana la isla ha sufrido dos apagones nacionales, con lo que suma cuatro en lo que va de año. No obstante, la situación no es mucho mejor en condiciones normales: La Habana recibe de media apenas una o dos horas de corriente al día y en las provincias los cortes pueden prolongarse hasta tres días consecutivos.
En este contexto, a diario se registran protestas, normalmente de decenas de personas que, de forma pacífica, principalmente en La Habana, exigen al Estado servicios básicos, como corriente, agua y alimentos.
El descontento social se expresa en cacerolazos, bloqueos de calles y quemas de basura.
Aires de protestas
Algunas voces de la disidencia cubana argumentaron que el 11J marcó una ruptura histórica e irreversible en la relación entre la sociedad y el Estado, y que el aire que se respira por estos días en la isla es de protesta.
“La profundización estructural de las carencias y de las desigualdades puede producir un evento parecido al del 11J”, sostiene el opositor cubano, Manuel Cuesta Morúa; mientras que la opositora cubana, Marthadela Tamayo, reconoce que desde el 11J no se ha visto una manifestación similar, «en el sentido de que fue masiva», y reconoce que la isla pudiera vivir otro 11J, pues «las condiciones actuales llevan a ello».
Presos políticos
Esta semana se cumplió el tiempo de cárcel de Luis Manuel Otero Alcántara, uno de los rostros más visibles de la disidencia artística y el líder del Movimiento San Isidro, quien fue arrestado precisamente el 11 de julio de 2021 cuando intentaba sumarse a las protestas.
El artista, de 38 años, extinguió el pasado 9 de julio su pena de cinco años por desacato y desórdenes públicos, pero no ha sido puesto en libertad.
La ONG Human Rights Watch (HRW) criticó este sábado que ésta parece «una liberación condicionada al exilio».
